Turkmenistán ha convertido la censura online en un lucrativo negocio estatal. En este país, el acceso a Internet es restringido por el gobierno, que bloquea redes sociales y servicios globales de mensajería. Para suplir estas carencias, el Estado ofrece alternativas locales controladas, como Bizbarde y Belet Video.
La censura es parte de una política deliberada que mantiene a Turkmenistán en los últimos puestos en libertad de prensa y derechos humanos. Esta restricción ha dado lugar a un mercado negro de VPNs, donde los propios censores venden acceso a Internet libre a precios exorbitantes. Los ciudadanos pagan altos costos para evadir bloqueos, con tarifas que van desde los 1.000 manats mensuales por VPNs oficiales hasta 2.000 dólares por acceso total, cifras inalcanzables para la mayoría.
Este sistema no solo controla el acceso a la información sino también enriquece a las autoridades, quienes se benefician económicamente de la represión digital. Además, limita las oportunidades educativas, culturales y económicas de la población, aislándola del mundo exterior y rompiendo vínculos con la diáspora. La censura se ha convertido en un arma para controlar tanto el flujo de información como las comunicaciones personales de los turcomanos.
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