Una usuaria frecuente de Booking enfrentó un problema tras reservar un hotel en Viena a un precio sospechosamente bajo. El alojamiento canceló la reserva alegando un error en el sistema y ofreció mantenerla a un precio mucho más alto. La usuaria, que consideraba la reserva un contrato vinculante, decidió no cancelar y buscó ayuda en la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios).
La OCU, al ser un organismo privado sin poder coercitivo, no logró interceder efectivamente. La usuaria fue informada de que la única vía restante era acudir a organismos públicos o judiciales, lo que implicaría un proceso largo y engorroso. Finalmente, la OCU recomendó entidades como la Dirección General de Consumo y las Juntas Arbitrales de Consumo para resolver el conflicto, dejando a la usuaria sin una solución inmediata y con una lección sobre a quién acudir en el futuro ante este tipo de situaciones.
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