El Ministerio de Trabajo de España, tras el rechazo parlamentario a la reducción de la jornada laboral, ha propuesto un nuevo decreto para reformar el control horario en las empresas. El texto inicial contemplaba multas de hasta 10.000 euros por trabajador si se permitían horas extra sin remunerar, pero el nuevo borrador elimina esta sanción, manteniendo el límite actual de 7.500 euros como máximo. Para cambiarlo, sería necesario modificar la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS).
El borrador actual también introduce ambigüedades sobre el formato del registro horario, permitiendo que no sea necesariamente digital y dejando abierta la opción de utilizar papel. Esto contrasta con el acuerdo original con los sindicatos, que exigía un registro digital diario. La interoperabilidad del sistema, que permitiría a la Inspección de Trabajo y a los representantes de los trabajadores acceder a los datos en tiempo real, también se presenta de forma condicional en el nuevo texto.
Los sindicatos CCOO y UGT han mostrado su decepción, demandando que se mantenga el acuerdo inicial que garantizaba un control horario digital y verificable. Por su parte, la patronal, representada por CEOE y Cepyme, ha expresado su preocupación por el costo y la seguridad de los datos, solicitando que el incumplimiento del registro pueda ser motivo de despido disciplinario.
La propuesta está en consulta pública y deberá pasar por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y el Consejo de Ministros antes de entrar en vigor, un proceso que podría extenderse varios meses.
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