El Instituto Nacional de Estadística (INE) de España puede sancionar con multas a ciudadanos o empresas que no participen en sus encuestas oficiales, un hecho desconocido para muchos. Estas encuestas son fundamentales para elaborar estadísticas que influyen en decisiones políticas y económicas del país. Según la Ley 12/1989, los seleccionados deben colaborar obligatoriamente proporcionando información veraz y dentro del plazo estipulado. Las encuestas incluidas en el Plan Estadístico Nacional (PEN) son obligatorias, y no participar puede acarrear sanciones.
Las multas se clasifican en leves, graves y muy graves. Las leves, que representan la mayoría de casos, oscilan entre 60 y 300 euros. Las graves, por repetidas entregas incorrectas o negativa a colaborar, pueden llegar a 2.999 euros. Las muy graves, aunque no se han registrado en la última década, podrían alcanzar los 30.000 euros. A pesar de estas cifras, la sanción más alta impuesta en los últimos años fue de 2.100 euros en 2022.
El número de sanciones ha variado en los últimos años, alcanzando un pico de 20.193 en 2019 y bajando a 12.711 en 2024, influenciado por la pandemia. En paralelo, los ingresos por multas también han fluctuado, con un máximo de casi 3,9 millones de euros en 2019.
En cuanto a la protección de datos, el INE garantiza el anonimato y la confidencialidad de la información recopilada, protegida por el secreto estadístico. Los ciudadanos pueden verificar la autenticidad de las encuestas y los encuestadores a través del sitio web oficial del INE. Responder a estas encuestas no solo es un deber legal, sino también una contribución a la elaboración de estadísticas que impactan en la planificación y evaluación de políticas públicas.
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