Un juzgado de Barcelona ha dictado una sentencia histórica contra Glovo, reconociendo que 3.572 repartidores fueron falsos autónomos entre 2015 y 2018. Esta es la mayor sentencia de este tipo hasta ahora. La Inspección de Trabajo denunció a Glovo en 2019 por no dar de alta a estos trabajadores, pero la empresa argumentó que su relación era mercantil. El juzgado determinó que los repartidores dependían de Glovo, no negociaban condiciones ni recibían pagos directamente, lo que implica una relación laboral según el Estatuto de los Trabajadores. Aunque la sentencia puede ser recurrida, marca un precedente significativo.
A pesar de las multas y sanciones, Glovo ha buscado alternativas para evitar contratar directamente a sus repartidores, subcontratando flotas externas. Solo un 16% de sus ‘riders’ trabajan directamente para la empresa. Esta estrategia es vista por algunos, como el sindicato CCOO, como una «cesión ilegal» de trabajadores, y están considerando denunciarlo.
Glovo anunció recientemente que abandonará el modelo de falsos autónomos, adaptándose finalmente a la ‘Ley Rider’, tras acumular numerosas sanciones económicas. Sin embargo, la empresa sigue buscando formas de reducir los costes de contratación a través de subcontratas.
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