El Gobierno francés ha anunciado un plan para reducir el gasto público en 43.800 millones de euros para 2026, afectando notablemente a los derechos laborales. Entre las medidas propuestas figura la eliminación de dos días festivos, posiblemente el Lunes de Pascua y el 8 de mayo, con el fin de ahorrar al país 1.500 millones de euros por cada día festivo eliminado. Además, se contempla la congelación de pensiones y prestaciones sociales al nivel de 2025, sin ajustarlas a la inflación, y la disminución de prestaciones por desempleo tanto en cantidad como en duración.
El plan también incluye la reducción del empleo público, con la propuesta de no reemplazar a uno de cada tres funcionarios que se jubilen. Se busca implementar una «contribución solidaria» para las rentas más altas, con el objetivo de repartir equitativamente el esfuerzo de saneamiento financiero. Asimismo, hay intenciones de actuar contra el fraude fiscal y social, revisando las lagunas que benefician a los más ricos y a las grandes empresas.
Estas medidas han generado controversia, especialmente porque el gasto en defensa aumentará significativamente. Desde que Emmanuel Macron asumió la presidencia, el gasto en defensa ha crecido considerablemente, pasando de 32.000 millones de euros en 2017 a una previsión de 64.000 millones en 2027. La oposición política ha mostrado su desacuerdo, pero el primer ministro François Bayrou ha manifestado su disposición a aplicar el artículo 49.3 de la Constitución para aprobar el presupuesto sin votación parlamentaria, aunque esto podría conllevar una moción de censura.
La deuda pública de Francia alcanzó el 114% del PIB, situándose en 3,3458 billones de euros al cierre del primer semestre. El Gobierno justifica estas medidas como necesarias para sanear las finanzas públicas, pero enfrenta críticas por el impacto negativo en los derechos laborales y el bienestar de los ciudadanos.
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