El «método gallego», nacido en Galicia, utiliza grupos de WhatsApp y Telegram para avisar de la ubicación de controles policiales y radares, permitiendo a los conductores eludirlos. Aunque comenzó como una práctica local, se ha extendido por toda España, reduciendo la eficacia de los controles de tráfico.
Estos grupos, que pueden incluir miles de usuarios, comparten información en tiempo real sobre controles de alcoholemia y radares, lo que plantea un desafío para la Guardia Civil y la Dirección General de Tráfico (DGT). Mientras que notificar sobre la ubicación de un radar no es ilegal, la organización coordinada para eludir controles podría considerarse delictiva si se interpreta como una ayuda para evitar la ley.
La DGT ha implementado controles exprés y dinámicos, y estudia el uso de inteligencia artificial y radares móviles aleatorios para contrarrestar esta práctica. También se propone una reforma legal para tipificar como infracción muy grave el proporcionar información que dificulte el control del tráfico, aunque dicha reforma está en trámite.
El fenómeno plantea un dilema entre el derecho a la información y la seguridad pública, y aunque algunas autoridades han sancionado a administradores de grupos, la base legal es limitada. La cuestión sigue siendo un desafío para las autoridades en su intento por mantener el control y la seguridad en las carreteras.
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