China ha implementado medidas estrictas para los empleados públicos, como la limitación de viajes al extranjero y la entrega obligatoria de pasaportes. Estas restricciones afectan a maestros, médicos y empleados de empresas estatales, quienes ahora requieren autorización para viajar incluso por motivos personales. Los viajes de negocios para «investigación o intercambio» han sido prohibidos.
En varias provincias, quienes estudiaron en el extranjero están descalificados para ciertos cargos públicos. En Jiangxi, los empleados deben informar sobre viajes al extranjero desde 2018. Las autoridades justifican estas medidas como protección de la seguridad nacional, lucha contra la corrupción y reducción de gastos, aunque empleados afirman no tener acceso a información confidencial.
La tensión internacional, especialmente con Estados Unidos, ha intensificado las restricciones. Desde 2003, algunos funcionarios ya estaban sujetos a estas limitaciones, pero bajo el liderazgo de Xi Jinping, se han extendido a niveles más bajos. Además de los viajes, las interacciones con personas y organizaciones extranjeras también están restringidas. Universidades y departamentos gubernamentales prohíben a sus empleados participar en reuniones no autorizadas.
Las restricciones también afectan a la contratación. Algunas provincias han eliminado universidades extranjeras de sus programas de reclutamiento para puestos gubernamentales. Además, en lugares como Liaoning, quienes vivieron en el extranjero durante largos períodos son considerados no elegibles para ciertos cargos.
Estas medidas reflejan un creciente recelo hacia quienes han vivido fuera de China, con el temor de que puedan ser espías. Human Rights Watch ha criticado las restricciones arbitrarias, señalando que dificultan el derecho a salir del país.
A pesar de estas restricciones, China ha anunciado una mayor apertura al turismo internacional, permitiendo la entrada sin visado a 75 países desde julio de 2023, buscando contrarrestar las tensiones con Estados Unidos.
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