El caso de Nueva York, que impuso estrictas regulaciones contra Airbnb, puede servir de advertencia para España. Dos años después de la implementación de la ‘Ley Local 18’, que buscaba reducir los alquileres turísticos y liberar apartamentos para el mercado a largo plazo, los precios de alquiler en la ciudad han alcanzado cifras récord, con una media de 4.700 dólares en Manhattan. Aunque las quejas por fiestas han disminuido y los hoteles han visto un aumento en la ocupación, la oferta de viviendas no ha crecido lo suficiente para bajar precios.
Los expertos indican que los alquileres turísticos representaban una pequeña parte del mercado y muchos propietarios han optado por contratos de 30 días o más. La falta de construcción de nuevas viviendas sigue siendo un problema. En España, las normativas nacionales y europeas requieren un número de registro para las viviendas en plataformas como Airbnb, y las comunidades podrán vetar nuevos pisos turísticos.
El debate en España es similar. Mientras el Gobierno y las asociaciones de vecinos ven las restricciones como necesarias para proteger el derecho a la vivienda, Airbnb y sus anfitriones argumentan que su impacto en el aumento de precios es mínimo. Nueva York muestra que limitar Airbnb mejora la convivencia, pero no resuelve la crisis habitacional, influida por factores macroeconómicos como la oferta y demanda. España tiene la oportunidad de aprender de esta experiencia, aunque el riesgo de repetir los mismos errores sigue presente.
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