China ha implementado una reforma en su sistema de seguridad social debido a la crisis de su fondo de pensiones, el cual podría agotarse para 2035. Desde el 1 de septiembre, los empleadores están obligados a contribuir a las prestaciones de sus trabajadores, incluyendo pensiones y atención médica. Este cambio busca reforzar la red de seguridad social, ya que menos del 30% de las empresas cumplían con las normas previas.
Sin embargo, la medida ha generado preocupación entre los ciudadanos y empresarios, especialmente los dueños de pequeñas empresas, que temen un aumento en los costos laborales que podría llevar a cierres y despidos. Los economistas advierten que esto podría incentivar la economía informal, donde los trabajadores carecen de protecciones laborales.
La reforma se enfrenta a la desconfianza de la generación Z, que teme no recibir pensiones en el futuro debido a la caída de la natalidad y la escasez de trabajadores. A pesar de la incertidumbre, algunos ciudadanos ven la medida como un paso positivo hacia la estabilidad futura, aunque otros prefieren tener acceso al dinero en el presente. La situación refleja un dilema entre la necesidad de seguridad a largo plazo y las dificultades económicas actuales.
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