Madrid implementa una nueva normativa para regular los alquileres turísticos, que modifica significativamente el modelo de negocio de plataformas como Airbnb. El «Plan Reside», aprobado por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, prohíbe las licencias para pisos turísticos dispersos en edificios residenciales del centro histórico, permitiéndolas solo en edificios completos destinados a esa actividad y con acceso independiente en planta baja o primera planta.
Críticos de la ley, como el PSOE, advierten que esta normativa favorece a grandes empresas y fondos de inversión, ya que permite a estos actores transformar edificios enteros en alojamientos turísticos, mientras limita la capacidad de particulares para alquilar sus viviendas. Esto podría llevar a que hasta el 73% de los inmuebles en el centro de Madrid se destinen a alquileres turísticos, según la oposición. Además, se señala que la medida no aborda el problema de los pisos turísticos ilegales, que en Madrid superan los 15.000.
La normativa se centra en concentrar la actividad turística en zonas específicas, ofreciendo ventajas urbanísticas para convertir edificios de uso terciario en residenciales, pero genera preocupación por el impacto en el acceso a la vivienda y la gentrificación. Las multas por incumplimiento pueden llegar hasta los 190.000 euros.
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