El Gobierno de España ha dado luz verde al anteproyecto de la Ley de Consumo Sostenible, que busca reforzar los derechos de los consumidores y fomentar la transición ecológica. Esta normativa pretende combatir la obsolescencia programada, la publicidad engañosa y el consumo irresponsable.
Para luchar contra la obsolescencia programada, la ley propone prohibir esta práctica y establece medidas como la ampliación de garantías para productos reparados, la cofinanciación de reparaciones por parte de los fabricantes y la creación de una plataforma para localizar reparadores autorizados. También se exigirá a los fabricantes que mantengan repuestos disponibles durante diez años y se prohibirá ocultar actualizaciones de software que deterioren el rendimiento de los productos.
La ley también busca combatir el ‘greenwashing’, prohibiendo el uso de términos como «verde» o «ecológico» sin base científica. Además, se vetará la publicidad de combustibles fósiles, vehículos que los usen exclusivamente y vuelos de corta distancia si hay alternativas más limpias.
En cuanto a la publicidad, se regulará la «publicidad del miedo» para evitar el uso de escenarios catastróficos sin base estadística, obligando a las empresas a justificar las amenazas comunicadas.
La reduflación, práctica de reducir el contenido de productos sin ajustar su precio, también será regulada. Las empresas deberán notificar claramente cualquier reducción de cantidad sin rebaja de precio en un plazo de 90 días.
Por último, la reventa de entradas enfrentará nuevas limitaciones. Se prohibirá la reventa a precios superiores al IPC y se reforzará la prohibición del uso de bots para compras masivas, permitiendo al Ministerio abrir expedientes sancionadores sin necesidad de denuncia previa.
Esta normativa busca fomentar un consumo más responsable y sostenible, aunque su efectividad dependerá de la ejecución y fiscalización de estas medidas.
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